28 Jun, 2011

MENOS PENSIONES, MENOS SEGURIDAD SOCIAL

Escrito por baltasarsantos 15:50 | Enlace | comentarios (0) | Retroenlaces (0) | General

Sigue la política a espaldas de la Mayoría Social. Ayer, en un esperpéntico pleno de la comisión de trabajo e inmigración se aprobó la reforma de las pensiones, que supone el alargamiento de la vida laboral hasta los 67 años (con algunas, pocas, excepciones), y la ampliación del cómputo de la base reguladora para el cálculo de la pensión, de 15 a 25 años. La profundidad de la reforma es un paso más en el proceso de recortes del Estado de Bienestar, que pretende ser "endulzado" con algunas mejoras (necesarias), reivindicadas desde hace años por la UGT: el aumento de las pensiones de viudedad y la integración del régimen de empleadas del hogar en el régimen general de la seguridad social.

La posición de la rancia derecha nacional-católica del PP fue contraria, pues ellos hubieran profundizado aún más en este recorte. De hecho, puede que lo hagan, dado que parece ser que son Aznar y sus secuaces quienes tienen preparado un plan para convertir la sanidad pública en privada.

Sin embargo, el posicionamiento de los diputados del PSOE (incluídos aquellos que pertenecen al PSC) y de CiU fue la aprobación de esta nueva normativa que supone un nuevo retroceso para las conquistas sociales de los trabajadores.

Esta victoria del capital, que ve favorecidos sus intereses para la contratación de seguros privados de jubilación, lo es por partida doble. Junto a la reforma de las pensiones, el Gobierno de CiU ha exigido el traspaso de la propiedad de 7 hospitales de titularidad pública, con los que poder mercadear con las Mutuas. Como saben perfectamente los compañeros/as de sanidad, el gobierno de CiU está priorizando los recortes en este sector, uno de los pilares del Estado de Bienestar.

Los recortes salariales, las no renovaciones, el cierre de centros de asistencia primaria y los EREs en Hospitales son una prioridad en el plan de eliminación de la sanidad pública como la hemos conocido hasta ahora. Mas-Colell i Boi Ruiz (el cap de la patronal catalana, hoy Conseller), se comprometieron con las Mútuas en la concesión de los espacios públicos para realizar actividades sanitarias privadas. La cesión del patrimonio de 8 centros hospitalarios al Gobierno de CiU les servirá para despatrimonializar la seguridad social, cediendo estos nuevos espacios a la sanidad privada ( el hospital Vall d’Hebron, el de Bellvitge, el Josep Trueta de Girona, el Germans Trias i Pujol de Badalona (Can Ruti), el hospital Arnau de Vilanova, el hospital de Viladecans y el de la Verge de la Cinta de Tortosa, cuya tasación conjunta supera los 1200 millones de euros.

Entre tanto, el desempleo en colectivos que hasta ahora gozaban de pleno empleo, como es el caso de enfermería, sigue subiendo hasta una tasa superior al 20% de desempleados/as.

¿Son estas las políticas que necesita Catalunya?. Es evidente que no. El sector público debe ser intocable, especialmente la sanidad, la educación y los sistemas de protección social, precisamente lo contrario de lo que ejecutan los políticos liberales al servicio de los que han generado la crisis para, de paso, desmantelar el sector público, como claro ejemplo de gobierno para los mercados.

Como consideran muchos compañeros/as de UGT de Catalunya, el Gobierno de Mas está sustituyendo un modelo de servicios públicos por un modelo de "utilidad pública" precario, y al servicio de los mercaderes de la sanidad privada. Eso en la práctica se traduce en que el dinero que entre todos aportamos para crear y gestionar una sanidad pública, ahora irá "de facto" a la cuenta de explotación de la sanidad privada, que, insaciable, no cesará en su empeño de reducir el volumen de empleados públicos en la sanidad y de incrementar sus ingresos con fórmulas economicistas como el copago.

Es más necesario que nunca la implicación sindical para impedir el deterioro y privatización de los servicios públicos, aunque mucho me temo que la gran movilización sindical anunciada en toda España para principios de octubre, siendo necesaria, puede ser insuficiente si no se plantea como una movilización general en defensa de los servicios públicos, la industria y el empleo.